Reforma al Poder Judicial en juicio.
Por: Oscar Müller Creel
Los países en el orbe no pueden subsistir como burbujas aisladas, es necesario estar en constante relación con otras naciones y con los organismos que se han conformado para el seguimiento y regulación de este interactuar. En el caso específico de México, este forma parte de dos organizaciones principales, la ONU, que está conformada por todos los países reconocidos, y la OEA u Organización de Estados Americanos, que comprende los países de nuestro continente.
Con cada una de estas organizaciones, México ha adquirido una serie de compromisos que se deben cumplir, estos comprenden muchos ámbitos, pero el que interesa al caso es el de los Derechos Humanos y, en específico, el Derecho a la Justicia, pues la Reforma Judicial que impulsó la 4ª. Transformación, violenta ese derecho.
Para que los ciudadanos tengamos la garantía de contar con un verdadero acceso a la justicia, deben cumplirse una serie de requisitos, entre estos y de suma importancia, es el de Independencia Judicial, que presenta dos facetas, la independencia externa, que implica que no existan elementos fuera del sistema de justicia que influyan en el juez para determinar la solución de un caso y la independencia interna, que se presenta en que dicha condición debe presentarse también dentro del propio sistema de justicia.
Durante el mandato de López Obrador vimos el cinismo de un presidente del país, que con desfachatez mencionaba que tenía pleno derecho a picaporte con el presidente de la Suprema Corte y comentaba con él los casos, en una evidente violación al principio de independencia; esto durante el período que tuvo dicho cargo el entonces ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero cuando ocupó dicho cargo la ministra Norma Piña Hernández, esto se acabó y, para AMLO, la condición del poder judicial cambió de ser amigo a corrupto y había que acabar con eso y se sacaron de la manga la consabida Reforma al Poder Judicial, haciendo una copia de lo propio hecho por Evo Morales en Bolivia, que ya para entonces había demostrado ser un fracaso.
De todos los ciudadanos de México, una muy pequeña minoría ha tenido necesidad de acudir ante un juez para hacer valer sus derechos y muy pocos pisarán un juzgado en su vida; de ahí que exista desconocimiento e indiferencia hacia una reforma judicial y la ausencia de votantes en las elecciones respectivas fue una clara muestra de esto.
Pero quienes estamos inmersos en ese sistema, sí vimos con preocupación cómo se desarmó el sistema de justicia para convertirlo en una marioneta del poder político y con esto se afectaron los derechos de miles de trabajadores del Poder Judicial.
Diversos grupos de juzgadores y asociaciones civiles, así como centenas de afectados, han acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la OEA, para interponer peticiones y quejas contra dicha reforma judicial y los principales argumentos que se han esgrimido, son:
Que se violenta la independencia judicial y la inamovilidad: la destitución masiva de jueces y magistrados para sustituirlos por un sistema de elección por voto popular viola las garantías de inamovilidad en el cargo, el acceso meritocrático a la carrera judicial y la división de poderes. La inamovilidad es uno de los cimientos de la independencia judicial, a través de este derecho el juez puede resolver los casos conforme a derecho sin que penda sobre su cabeza la amenaza de moverlo de su cargo y situación; el acceso por méritos es otro elemento esencial para un buen sistema de justicia, si quien llega a juez lo hace a través de sus méritos dentro de la carrera judicial, los justiciables tenemos cierta garantía que quien nos va a juzgar es una persona capacitada y un poder judicial independiente es una garantía para los ciudadanos contra los abusos de los poderes legislativo y administrativo y por tanto un pilar de la democracia.
Otro argumento presentado ante la Comisión es la evidente afectación a los derechos laborales y de equidad de género que se deriva del corte masivo a una carrera judicial construida durante años y, en muchos casos, décadas de esfuerzo y preparación.
También se argumentan la politización del poder judicial y la aprobación de la reforma sin diagnósticos y estudios serios que la justificasen, tan es así que nunca se incluyeron en esta a Ministerio Público y las policías o defensores de oficio.
En realidad, una reforma judicial hecha sobre las rodillas y al capricho del poder político no puede augurar nada bueno. La noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado entrada a las quejas presentadas nos hace ver un lejano vislumbre para salir del desastre, otro más, causado por la 4ª. Transformación, que ha destrozado las instituciones creadas durante décadas de lucha y esfuerzo.