COLOMBIA Y EL NUEVO OSCURANTISMO CULTURAL
Los libros desaparecen de las estanterías, las convocatorias públicas se apagan, las instituciones culturales se convierten en territorios de disputa y la transparencia parece haberse transformado en una amenaza para quienes administran los recursos del arte. Mientras el discurso oficial continúa hablando de democratización, memoria, diversidad y acceso a la cultura, artistas, investigadores, escritores y gestores culturales se enfrentan a un panorama cada vez más inquietante. Colombia podría estar entrando en una nueva forma de oscurantismo, una en la que ya no hacen falta hogueras para silenciar el pensamiento, porque basta con retirar un libro, cerrar una convocatoria, administrar discrecionalmente un presupuesto o convertir una institución pública en una estructura impermeable a la crítica.
Hay algo profundamente perturbador en una sociedad que comienza a tratar sus libros como objetos peligrosos, sus artistas como solicitantes incómodos y sus gestores culturales como adversarios administrativos. No es necesario prohibir una obra para censurarla. Tampoco hace falta quemar una biblioteca para destruir parte de su memoria. A veces basta con retirar discretamente determinados materiales, modificar los criterios de acceso, dejar de financiar espacios de creación o construir un sistema institucional en el que las oportunidades dependan más de las relaciones con quienes administran la cultura que de la calidad del trabajo artístico.
El problema colombiano no puede reducirse a una discusión sobre presupuestos, funcionarios o desacuerdos entre sectores culturales. Lo que está en juego es mucho más profundo. Estamos hablando de la relación entre el Estado y la libertad de creación, de quién decide qué merece ser conservado, investigado, exhibido y financiado, y de qué sucede cuando las instituciones que deberían proteger el patrimonio y promover la producción artística empiezan a generar desconfianza entre las mismas comunidades que tienen la obligación de atender.
La palabra oscurantismo suele asociarse con épocas históricas en las que el conocimiento fue perseguido, la autoridad religiosa o política determinó los límites de lo que podía pensarse y la circulación de las ideas quedó sometida a mecanismos de control. Utilizarla para describir el presente colombiano puede parecer una exageración, pero hay razones para preguntarse si estamos presenciando una versión contemporánea de ese fenómeno. Una forma de oscurantismo administrativo, presupuestal y simbólico que no necesita declarar oficialmente la censura porque puede producir efectos similares mediante decisiones institucionales.
Lo inquietante es que este proceso parece desarrollarse en medio de un discurso público que proclama exactamente lo contrario. Nunca faltan las declaraciones sobre el poder transformador de la cultura, la importancia de los territorios, la memoria colectiva, la inclusión y la participación. Pero entre las palabras y las condiciones reales en las que trabajan los artistas existe una distancia que se ha vuelto difícil de ignorar.
Hay tres escenas que podrían resumir el estado de la cultura colombiana en octubre de 2026. En la primera, un visitante entra al Museo Nacional y encuentra paredes vacías donde hasta hace pocos días se encontraban objetos que contaban episodios fundamentales de la historia contemporánea. En la segunda, un artista revisa el calendario de convocatorias del Ministerio de las Culturas y descubre que programas que durante décadas habían permitido financiar proyectos, festivales y procesos independientes fueron aplazados o suspendidos. En la tercera, una veeduría ciudadana intenta seguir el rastro de miles de millones de pesos destinados a los festivales públicos de Bogotá y encuentra preguntas sobre contratación, operadores, costos, patrocinios y acceso a la información.
Son tres escenas distintas, pero tienen algo en común. En todas aparece una institución pública que debería garantizar el acceso a la cultura y que termina siendo objeto de cuestionamientos sobre su manera de ejercer el poder.
Lo que está sucediendo en el Museo Nacional es probablemente la expresión más visible de esta nueva etapa. El 15 de octubre de 2026 fueron retiradas piezas de varias salas permanentes de la institución, después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara una ofensiva cultural contra lo que denomina el «wokismo» y hablara de una contrarrevolución cultural. La decisión fue ejecutada desde el Ministerio de las Culturas, encabezado por Paola Holguín, y afectó exposiciones que documentaban movimientos sociales, luchas feministas, historia LGBTIQ+, violencia política, procesos estudiantiles y el Acuerdo de Paz de 2016.
Las primeras informaciones hablaron de alrededor de treinta objetos. Posteriormente, al responder una acción de tutela, el propio Ministerio presentó un inventario de 63 elementos desmontados, aunque precisó que 22 correspondían a piezas clasificadas como patrimoniales. Los demás incluían objetos en comodato, facsímiles y materiales de apoyo. La diferencia entre las cifras no es un detalle menor, porque demuestra la importancia de saber exactamente qué se retiró, dónde quedó y bajo qué autoridad se tomó cada decisión.
Entre los elementos retirados estaban una bandera perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, fotografías de las primeras manifestaciones de la población LGBTIQ+, materiales relacionados con las luchas feministas, objetos vinculados a los asesinatos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, el tarjetón de la Séptima Papeleta y el bolígrafo utilizado para firmar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. También desaparecieron de la exposición elementos relacionados con la trayectoria de artistas y con acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva del país.
No estamos hablando de adornos que pueden cambiarse de lugar porque un nuevo administrador quiere renovar la decoración. Estamos hablando de documentos, objetos y testimonios que permiten comprender cómo se construyó Colombia, cuáles fueron sus conflictos, qué movimientos sociales transformaron su historia y qué acontecimientos hicieron posible la Constitución de 1991.
La discusión sobre la presencia de Carlos Pizarro en un museo puede ser legítima. También puede discutirse la manera en que se representa a las guerrillas, la violencia política o los acuerdos de paz. Un museo no está obligado a convertir a todos los personajes históricos en héroes. Pero precisamente por eso existen los equipos curatoriales, los investigadores, los historiadores y los procedimientos técnicos. Una institución patrimonial no puede sustituir la investigación por las preferencias ideológicas del gobernante de turno.
La historia de un país no se vuelve menos verdadera porque incomode a un presidente.
Lo verdaderamente alarmante fue la forma en que se produjo el retiro. El País reveló que las actas de movimiento interno señalaban que los traslados se realizaron por solicitud de la Secretaría General del Ministerio, a cargo de Julián David Sterling. El Gobierno no aportó ante el juez pruebas de que la decisión hubiera pasado por el comité de gestión patrimonial del museo ni presentó un concepto curatorial que justificara la exclusión de los elementos.
En otras palabras, la controversia no se limita a si una pieza debe estar en una exposición permanente. El problema es quién tomó la decisión, con qué procedimiento, bajo qué criterios y con qué justificación técnica. Cuando una autoridad administrativa puede modificar unilateralmente el relato histórico de una institución sin explicar sus fundamentos curatoriales, el patrimonio deja de estar protegido por criterios profesionales y comienza a quedar expuesto a la voluntad política.
La reacción ciudadana fue inmediata. Artistas, estudiantes, organizaciones sociales, investigadores y trabajadores de museos se manifestaron frente al antiguo Panóptico Nacional. Algunos llevaron fotografías de los objetos retirados y las instalaron en estructuras improvisadas de ladrillos. Las paredes vacías del museo se convirtieron en una imagen de la discusión nacional. La Policía intervino durante las protestas y utilizó vehículos antidisturbios con chorros de agua para dispersar a los manifestantes.
La ministra Holguín defendió la decisión y cuestionó a quienes protestaban, acusándolos de utilizar la cultura para la deconstrucción histórica y la apología del delito. El Gobierno sostuvo que los museos no deben promover doctrinas políticas ni presentar a organizaciones armadas como referentes heroicos. Pero esa explicación no responde a la pregunta central. ¿Por qué retirar también testimonios de víctimas, documentos de procesos democráticos, objetos de movimientos ciudadanos y materiales que no constituyen una apología de ninguna organización armada?
El 29 de octubre se produjo un hecho especialmente importante. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional y al Ministerio restituir en 48 horas las piezas retiradas. La decisión protegió los derechos a la libre expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica de los accionantes. El juez señaló que la instrucción presidencial no eximía a las entidades de justificar sus actuaciones y que las modificaciones de las exposiciones debían responder a criterios técnicos, curatoriales y de conservación, no exclusivamente al desacuerdo de las autoridades con las ideas o acontecimientos representados.
La sentencia también dejó claro que un museo puede cambiar sus exposiciones. Lo que no puede hacer es excluir arbitrariamente contenidos por razones ideológicas sin justificar técnica y jurídicamente la decisión.
La intervención de la justicia constituye un precedente importante. Significa que el patrimonio cultural no pertenece al presidente, a la ministra ni a los funcionarios que administran temporalmente una institución. Pertenece a la sociedad. Su conservación y exhibición están sujetas a obligaciones públicas que no desaparecen con los cambios de gobierno.
La controversia incluso llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz, que solicitó al Ministerio y al Museo información detallada sobre los objetos relacionados con el conflicto armado, la desaparición forzada y la memoria de las víctimas. La JEP pidió conocer cuáles elementos fueron retirados, quién autorizó su traslado, dónde se encuentran y qué documentos justificaron las decisiones.
La pregunta que queda flotando es todavía más inquietante. Si esto puede ocurrir en el Museo Nacional, una de las instituciones patrimoniales más importantes de Colombia, ¿qué garantías tienen los demás archivos, bibliotecas, museos y centros de memoria frente a una administración que ha anunciado una batalla cultural?
Porque el problema no es solamente retirar una bandera, un afiche o un documento. El problema es establecer que el Estado puede decidir qué partes de la memoria nacional merecen ser vistas y cuáles deben desaparecer de la mirada pública.
La historia de los libros y documentos retirados merece una consideración adicional. En medio de la polémica se han conocido denuncias sobre materiales históricos que habrían dejado de estar disponibles en las salas y espacios de consulta del Museo. Es importante distinguir estos antecedentes de las 63 piezas incluidas en el inventario oficial del 15 de octubre, porque no todo lo que desaparece de una exposición ha sido necesariamente dado de baja o retirado de la colección. Pero precisamente esa es la razón por la que se necesitan inventarios completos, registros de movimiento, explicaciones de custodia y acceso público a la documentación. Un objeto que deja de estar expuesto no desaparece necesariamente; lo que sí puede desaparecer es la posibilidad de que la ciudadanía sepa dónde está y por qué dejó de formar parte de su relato histórico.
El asunto de los libros es particularmente sensible. Una biblioteca pública no es un almacén que puede depurarse según las preferencias ideológicas de una administración. Sus colecciones representan discusiones, corrientes de pensamiento, contradicciones y conocimientos que pueden resultar incómodos. Si se retiran publicaciones sin inventarios transparentes, sin criterios bibliotecológicos y sin explicar su destino, se abre la puerta a una forma de censura mucho más difícil de detectar que una prohibición formal. No basta con afirmar que los materiales están guardados. Hay que demostrarlo, identificarlos y garantizar que continúen disponibles para la investigación.
En una democracia, el Estado no tiene la función de proteger a los ciudadanos de los libros que considera equivocados. Tiene la obligación de garantizar que puedan leerlos, discutirlos, cuestionarlos y producir otros nuevos.
EL MINISTERIO QUE APAGÓ LAS CONVOCATORIAS
Mientras el Museo Nacional protagonizaba la controversia por la memoria histórica, el Ministerio de las Culturas abría otro frente de preocupación, esta vez directamente relacionado con la supervivencia económica del sector artístico.
Durante décadas, los programas de estímulos y concertación han constituido una de las principales herramientas de financiación para artistas independientes, organizaciones culturales, festivales, colectivos, investigadores, fundaciones y gestores que no tienen acceso a los grandes presupuestos institucionales. No son un regalo del Gobierno ni una dádiva de los funcionarios. Son mecanismos de distribución de recursos públicos que buscan permitir que la producción cultural no dependa exclusivamente del mercado, de los patrocinadores privados o de las relaciones personales con quienes administran el Estado.
En Colombia, estos mecanismos han permitido que organizaciones pequeñas desarrollen procesos que difícilmente podrían financiarse mediante la venta de entradas o la contratación comercial. Han sostenido festivales regionales, investigaciones, publicaciones, procesos de formación, circulación artística, proyectos comunitarios y espacios independientes. Para miles de personas representan la diferencia entre poder desarrollar un proyecto o tener que abandonarlo.
Por eso lo ocurrido durante septiembre y octubre de 2026 tiene consecuencias que van mucho más allá de un cambio administrativo.
El 15 de septiembre, el Ministerio informó que no continuaría con la evaluación de las modalidades de premios y reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos 2026. Las propuestas habían superado la etapa de verificación de requisitos, pero no se llegaría a designar ganadores ni a asignar los recursos correspondientes.
Esto significa que artistas y organizaciones que participaron en un procedimiento público, cumplieron las condiciones y esperaban una evaluación quedaron sin posibilidad de obtener los estímulos previstos para esas modalidades. No se trató de una convocatoria declarada desierta por falta de participantes o por incumplimiento de requisitos. Fue una decisión administrativa motivada por las restricciones presupuestales y de disponibilidad de caja.
La situación empeoró el 30 de septiembre, cuando mediante la Resolución 0607 el Ministerio aplazó el Programa Nacional de Concertación Cultural, cuya apertura estaba prevista para agosto y septiembre de 2026. Su nueva edición fue proyectada para el primer bimestre de 2027.
Concertación Cultural tiene más de 27 años de trayectoria y constituye uno de los principales instrumentos de apoyo a organizaciones y proyectos culturales del país. Su aplazamiento afecta especialmente a las entidades que necesitan planificar con anticipación sus actividades, contratar personal, establecer alianzas, reservar escenarios y comprometer recursos de cofinanciación.
Una organización que trabaja con presupuestos limitados no puede simplemente detener su actividad durante seis meses y esperar que la administración pública resuelva sus problemas financieros. Hay trabajadores, alquileres, proveedores, compromisos y comunidades que dependen de esos procesos.
El Ministerio justificó las decisiones argumentando que heredó una situación fiscal crítica, que existían obligaciones pendientes con ganadores de convocatorias anteriores y que no era responsable abrir nuevos procesos sin contar con el flujo de caja necesario. En un comunicado del 19 de septiembre afirmó que la deuda ministerial ascendía a 185.482 millones de pesos a agosto de 2026, de los cuales 75.436 millones correspondían a pagos pendientes a ganadores de convocatorias públicas. También sostuvo que había liberado 40.000 millones de pesos para comenzar a atender esas obligaciones.
Esas cifras deben ser examinadas con seriedad. Si efectivamente existían compromisos sin respaldo suficiente de caja, la administración anterior debe responder por la planeación presupuestal y la gestión de los recursos. No sería aceptable que un gobierno comprometiera estímulos que después no pudiera pagar. Los artistas tampoco pueden convertirse en financiadores involuntarios de la irresponsabilidad administrativa.
Pero existe otra pregunta que el Ministerio debe responder. ¿Por qué la solución a una crisis de flujo de caja termina siendo la interrupción de instrumentos que sostienen la actividad cultural de todo el país?
El propio portal oficial del SINAC señala que las demás convocatorias de 2026 continúan sin cambios. Por tanto, sería incorrecto afirmar que absolutamente todos los programas fueron cancelados. La suspensión de premios y reconocimientos y el aplazamiento de Concertación son hechos documentados, mientras otros portafolios mantienen sus procesos. Esa precisión no disminuye la gravedad del problema.
Lo que sí resulta preocupante es el efecto acumulado. Dos de los instrumentos más importantes para el sector han sufrido modificaciones sustanciales en una misma vigencia. Y lo han hecho en un momento en que la mayoría de las organizaciones culturales ya trabajan con recursos insuficientes, alta informalidad y una dependencia considerable de los mecanismos públicos de financiación.
Hay algo especialmente perverso en esta dinámica. El Estado invita a los ciudadanos a formular proyectos, contratar profesionales, construir presupuestos, diseñar cronogramas y competir en convocatorias. Después, cuando las condiciones financieras cambian, son los mismos ciudadanos quienes deben asumir las consecuencias de decisiones que no controlan.
El artista termina siendo el último eslabón de una cadena administrativa en la que no tiene capacidad de decisión, pero sí debe soportar los costos.
La cultura no funciona como un interruptor que se apaga durante una vigencia y se enciende en la siguiente. Un festival que no se realiza puede perder su público, sus patrocinadores y sus artistas. Una publicación que no consigue financiación puede desaparecer. Una organización que pierde un año de actividad puede no tener cómo pagar a sus trabajadores. Un proceso comunitario que se interrumpe puede tardar años en reconstruir la confianza que había conseguido.
Por eso el problema de las convocatorias no es solamente presupuestal. Es estructural. Cuando el Estado deja de garantizar continuidad y previsibilidad, destruye parte de la infraestructura social que permite que exista una cultura independiente.
Y mientras se habla de descentralización, democratización y fortalecimiento territorial, las organizaciones más pequeñas son precisamente las que tienen menos capacidad para sobrevivir a estos cambios.
IDARTES Y LA INDUSTRIA DE LOS RECURSOS CULTURALES
Si el Ministerio representa el problema nacional de la financiación y el Museo Nacional el de la memoria, Bogotá ofrece otro escenario que merece una investigación profunda. Se trata del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, una entidad que administra recursos públicos, programas de fomento, escenarios, festivales y buena parte de la política artística de la capital.
Durante años, la institución ha sido presentada como uno de los principales motores de la cultura bogotana. Sus festivales convocan cientos de miles de personas, sus programas de estímulos permiten financiar proyectos y su infraestructura sostiene buena parte de la actividad artística de la ciudad.
Pero una institución no puede ser evaluada únicamente por la cantidad de eventos que organiza, los escenarios que llena o las fotografías que publica después de cada festival. También debe ser examinada por la forma en que contrata, distribuye los recursos, selecciona operadores, supervisa convenios y permite que la ciudadanía conozca el destino del dinero público.
Y es justamente allí donde aparecen preguntas que ya no pueden ser tratadas como simples inconformidades de artistas.
La Procuraduría General de la Nación anunció en febrero de 2024 una indagación sobre presuntas irregularidades contractuales en IDARTES. Entre los asuntos examinados estaban posibles sobrecostos de aproximadamente el 500 % en la adquisición de insumos durante la vigencia 2023 y retrasos en las remodelaciones de los teatros San Jorge y El Parque.
En julio de ese mismo año, la Procuraduría informó que continuaba investigando a funcionarios y directivos de la entidad por esos hechos, con el propósito de establecer las posibles responsabilidades disciplinarias. Es importante señalar que una investigación no equivale a una condena ni demuestra por sí sola la existencia de un delito. Pero tampoco es un asunto que pueda ignorarse cuando se está hablando de recursos destinados al sector cultural.
La situación de la contratación de los Festivales al Parque también merece atención. Una investigación publicada por Las2Orillas el 8 de octubre de 2026 reconstruyó la relación contractual entre IDARTES y la Asociación Cultural Teatro R101, organización que ha participado durante años en la operación de estos eventos.
El artículo documentó que R101 recibió en 2016 un convenio por 2.022 millones de pesos, cuyo valor terminó ascendiendo a 2.722 millones. La Contraloría encontró entonces un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria relacionado con la planeación, los costos y las proyecciones de precios de mercado.
En 2019, el convenio 1130 comenzó con 3.815 millones y terminó en 4.697 millones. Nuevamente aparecieron observaciones de la Contraloría, esta vez relacionadas con los gastos de administración. En 2022 la operación estuvo a cargo de una unión temporal, por lo que no puede afirmarse que R101 haya tenido el control ininterrumpido de los festivales durante toda la década. Sin embargo, la entidad regresó como operador y en 2026 volvió a ocupar una posición central en su ejecución, mediante un convenio de 8.249 millones de pesos.
Una relación contractual de esta duración no es automáticamente irregular. Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden celebrar convenios con entidades públicas y existen mecanismos legales para desarrollar actividades culturales mediante asociación. El problema aparece cuando la continuidad de determinados operadores, la concentración de recursos y las observaciones de los organismos de control no reciben explicaciones suficientemente claras.
¿Por qué determinadas organizaciones consiguen mantenerse durante tantos años en posiciones privilegiadas dentro de la contratación cultural? ¿Qué mecanismos garantizan que otras entidades puedan competir en igualdad de condiciones? ¿Cómo se establecen los costos administrativos? ¿Qué controles existen sobre los pagos a artistas, proveedores y trabajadores? ¿Qué parte del presupuesto termina realmente en la producción artística?
Estas preguntas son perfectamente legítimas y deberían ser respondidas con documentos, no con comunicados de prensa.
Lo más importante es que este debate ya no depende únicamente de las denuncias individuales. En 2026 se constituyó formalmente la veeduría ciudadana Ojo al Arte, reconocida por la Personería de Bogotá mediante la Resolución PDRCAL 21-831 del 15 de julio de 2026, con el objeto de vigilar los presupuestos, la contratación y el uso de los recursos destinados a Rock al Parque, IDARTES y los programas relacionados con la actividad artística.
La veeduría presentó un informe técnico y jurídico sobre la ejecución presupuestal, administrativa y logística de los Festivales al Parque, basado en documentos públicos, respuestas a derechos de petición, registros del SECOP II y actuaciones institucionales. El documento reúne observaciones sobre procesos de contratación de 2024 a 2026 y plantea interrogantes sobre la estructura mediante la cual se ejecutan los recursos públicos destinados a los festivales.
Entre los asuntos más delicados aparece la relación entre los convenios de asociación y los contratos que IDARTES celebra de manera independiente para cubrir diferentes componentes de la operación.
Según el informe de Ojo al Arte, los convenios 1794 de 2025 y 1718 de 2026, suscritos con la Asociación Cultural Teatro R-101, superan conjuntamente los 13.361 millones de pesos. Paralelamente, la veeduría identificó contratos independientes para rubros como logística de campo, seguridad, salud, backline y transporte por más de 4.121 millones de pesos.
La pregunta no consiste en afirmar automáticamente que existe doble pago. Consiste en establecer si las obligaciones están correctamente delimitadas, si los rubros se superponen, si hay duplicidad en los costos y si los mecanismos de supervisión permiten verificar qué servicio se paga con cada recurso.
Una administración transparente debería poder responder esas preguntas sin convertirlas en una confrontación con quienes ejercen el control ciudadano.
El informe también cuestiona la forma en que se administran los patrocinios comerciales. Según la veeduría, acuerdos con marcas como Bavaria, Vans, Electrolit, Aguardiente Amarillo y BBC fueron suscritos directamente por el operador privado y no por IDARTES. Uno de los casos señalados es la presencia del Escenario BBC en Rock al Parque 2026, donde participaron 21 agrupaciones por fuera del Programa Distrital de Estímulos.
Este asunto abre una discusión fundamental sobre el uso del espacio público en eventos financiados con recursos de los contribuyentes. ¿Quién tiene la facultad de comercializar los espacios? ¿Quién define la presencia de las marcas? ¿Qué contraprestaciones recibe el operador? ¿Qué obtiene la ciudad? ¿Qué mecanismos garantizan que los patrocinios privados no terminen condicionando las decisiones artísticas?
El escenario público no puede convertirse en una zona de negocios sin reglas claras de transparencia y rendición de cuentas.
Otro de los puntos del informe se refiere a la contratación de servicios técnicos. La veeduría identificó una concentración importante de contratos en empresas proveedoras de sonido y backline. En el caso de Audio Daz P.A. System S.A.S., reportó 106 contratos estatales por más de 20.989 millones de pesos, de los cuales más de 5.020 millones corresponderían a contratos con IDARTES. También señaló 49 contratos de 4 Cuartos Música S.A.S. por 8.198 millones de pesos.
El informe cuestiona si las especificaciones técnicas de los procesos de contratación permiten una participación equitativa de otras pequeñas y medianas empresas del sector.
En un mercado cultural donde cientos de proveedores compiten por sobrevivir, la concentración de oportunidades merece un examen detallado. La contratación pública debe permitir la participación de quienes tienen capacidad técnica y económica para prestar los servicios, sin crear barreras innecesarias ni favorecer sistemáticamente a determinados actores.
La veeduría también puso sobre la mesa el contrato de derechos de autor con SAYCO. Según su investigación, el monto pasó de 178 millones de pesos en 2024 a más de 1.229 millones en 2026, mediante el contrato 1682 de esa vigencia. El cuestionamiento se concentra en la modalidad de pago global y en la necesidad de establecer un cruce verificable entre los repertorios utilizados, las planillas y las obras efectivamente ejecutadas.
El asunto es especialmente sensible para los músicos. Los derechos de autor son una obligación legal y deben respetarse. Pero precisamente por eso los pagos deben estar sustentados, identificados y ser verificables. La protección de los creadores no puede convertirse en una caja negra administrativa.
Hay un elemento adicional que vuelve especialmente preocupante esta situación. Según la información publicada sobre el informe de Ojo al Arte, IDARTES respondió a uno de los requerimientos que los extractos bancarios del operador privado eran documentos internos de esa entidad y que no contaba con la totalidad de los contratos y comprobantes individuales de pago a artistas en un expediente consolidado, debido a que los convenios estaban en ejecución.
Esta respuesta plantea una cuestión fundamental sobre la supervisión de los recursos públicos. Cuando una entidad estatal entrega millones de pesos a un operador para desarrollar un programa cultural, no puede desentenderse del seguimiento financiero bajo el argumento de que determinados documentos pertenecen a una organización privada.
La naturaleza privada de un operador no convierte en privados los recursos públicos que administra. La supervisión debe permitir verificar que el dinero se utilice conforme a las obligaciones pactadas y que los pagos correspondan a servicios efectivamente prestados.
Por eso Ojo al Arte ha solicitado la intervención de los organismos de control y ha denunciado dificultades para acceder a documentación contable completa, además de situaciones de hostigamiento y acciones judiciales que considera inhibitorias de su labor. Estas últimas afirmaciones deben examinarse a partir de las actuaciones y pruebas correspondientes, pero representan un asunto que merece atención institucional, especialmente cuando provienen de una veeduría reconocida legalmente.
Aquí es necesario detenerse en una distinción que suele desaparecer en las discusiones sobre corrupción. Investigar no es condenar. Denunciar no es demostrar culpabilidad. Pero exigir transparencia tampoco es una agresión contra las instituciones.
Si una entidad pública tiene explicaciones suficientes, debe entregarlas. Si los contratos están correctamente estructurados, deben poder examinarse. Si los pagos son legítimos, deben estar soportados. Si los operadores cumplen sus obligaciones, la documentación debería demostrarlo.
La cultura no necesita funcionarios intocables. Necesita instituciones capaces de rendir cuentas.
EL NEGOCIO DE ADMINISTRAR LA CULTURA
Existe una contradicción que atraviesa todos estos episodios. Colombia ha construido un discurso institucional en el que la cultura aparece como un derecho fundamental, una herramienta de transformación social y un instrumento para la construcción de paz. Pero alrededor de ese discurso se ha desarrollado una maquinaria administrativa cada vez más compleja, en la que los presupuestos, las convocatorias, los convenios y los operadores pueden terminar convirtiéndose en el verdadero centro de la actividad institucional.
El resultado es un ecosistema en el que el artista independiente debe dedicar una parte desproporcionada de su tiempo a entender formularios, plataformas, manuales, requisitos, certificaciones, contrapartidas y procedimientos. Después debe competir con organizaciones que cuentan con equipos administrativos especializados, experiencia en contratación pública y capacidad para sobrevivir a los tiempos del Estado.
No hay nada malo en exigir rigor a quienes reciben recursos públicos. Todo lo contrario. El problema es cuando el rigor administrativo se convierte en una barrera que expulsa a los creadores independientes mientras las estructuras que dominan la contratación pública continúan encontrando mecanismos para mantenerse.
El artista termina aprendiendo a formular proyectos mejor que a desarrollar su propia obra. El gestor cultural se convierte en un experto en contratación. El músico debe demostrar que sabe administrar un presupuesto antes de que alguien se interese por su música. El escritor compite por una beca mientras intenta pagar el alquiler. El investigador trabaja meses para construir una propuesta que puede terminar suspendida por una decisión presupuestal tomada a cientos de kilómetros de su territorio.
Mientras tanto, los eventos institucionales continúan produciendo imágenes de éxito, las tarimas se levantan, los funcionarios inauguran escenarios y las publicaciones oficiales presentan cifras de asistencia. Pero la pregunta sobre quién produce realmente la cultura y quién obtiene los beneficios de su administración permanece abierta.
Esta situación también tiene un efecto devastador sobre la independencia artística. Cuando las oportunidades de financiación dependen excesivamente de decisiones administrativas, las organizaciones comienzan a ajustar sus proyectos a lo que consideran políticamente conveniente o institucionalmente aceptable. La crítica puede convertirse en un riesgo para futuras oportunidades. El cuestionamiento de un operador puede cerrar puertas. La investigación sobre un funcionario puede terminar convertida en una disputa personal.
No es necesario que exista una orden expresa de censura para que aparezca la autocensura. Basta con construir un entorno en el que el creador sienta que criticar al administrador de los recursos puede costarle su próxima oportunidad de financiación.
Esta es una de las formas más peligrosas del oscurantismo contemporáneo. La producción cultural continúa, los eventos siguen existiendo y las instituciones mantienen sus agendas, pero la libertad real de cuestionarlas comienza a debilitarse.
LA CULTURA NO PUEDE TENER DUEÑO POLÍTICO
El problema colombiano no pertenece exclusivamente a una corriente ideológica. La instrumentalización política de la cultura ha existido bajo gobiernos de diferentes orientaciones y administraciones locales de distinto signo. Ningún sector político puede reclamar el derecho de determinar qué artistas merecen existir, qué libros deben circular, qué episodios históricos deben exhibirse o qué organizaciones tienen derecho a recibir financiación.
La cultura no es patrimonio de un partido. Tampoco es propiedad de una administración.
Un gobierno de izquierda no puede utilizar las instituciones culturales para imponer una interpretación oficial de la historia y un gobierno de derecha no puede retirar testimonios porque contradicen su visión ideológica. Un alcalde no puede convertir los festivales públicos en mecanismos de promoción de sus aliados y un director de instituto no puede tratar los presupuestos de fomento como si fueran recursos de libre disposición.
La obligación de las instituciones es garantizar pluralidad, transparencia, acceso y continuidad. Su legitimidad depende de que puedan atender incluso a quienes las critican.
La Constitución colombiana protege la libertad de expresión, la libertad de creación artística y el acceso a la cultura. La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, establece responsabilidades estatales frente al patrimonio y a la diversidad cultural. Esos principios no son adornos en los discursos de los funcionarios. Son obligaciones jurídicas.
La memoria histórica tampoco puede ser administrada como un catálogo de personajes aceptables. Colombia es un país atravesado por conflictos, contradicciones, movimientos sociales, violencias y transformaciones políticas. Un museo nacional debe tener la capacidad de representar esa complejidad sin necesidad de absolver a todos los protagonistas ni convertirlos en héroes.
El pensamiento crítico necesita contradicción. El arte necesita libertad. La investigación necesita independencia. Y las instituciones públicas necesitan controles.
Lo que estamos viendo es una coincidencia de fenómenos que, aunque tienen orígenes distintos, terminan afectando las mismas condiciones de existencia de la cultura. La intervención ideológica sobre el patrimonio, la interrupción de mecanismos de financiación y las denuncias sobre el manejo de los recursos públicos configuran un escenario en el que el ciudadano tiene cada vez más razones para preguntarse quién está administrando realmente la cultura colombiana y en beneficio de quién.
La pregunta no es si Colombia necesita instituciones culturales. Las necesita más que nunca. La pregunta es si esas instituciones están cumpliendo su función pública o si están convirtiéndose en estructuras donde el poder político, la burocracia y determinados intereses particulares terminan imponiendo las reglas del juego.
EL NUEVO OSCURANTISMO NO NECESITA HOGUERAS
Hace siglos, el oscurantismo se asociaba con la persecución del conocimiento, la prohibición de ideas y la destrucción de los espacios donde podía desarrollarse el pensamiento independiente. Hoy las herramientas son distintas. Una administración puede retirar una exposición, modificar un guion museográfico, suspender una convocatoria, aplazar un programa, concentrar contratos, restringir el acceso a documentos o desacreditar a quienes ejercen control ciudadano.
No necesita quemar los libros. Puede simplemente sacarlos de circulación.
No necesita prohibir a un artista. Puede dejarlo sin escenarios, sin convocatorias y sin posibilidades de financiación.
No necesita cerrar una institución cultural. Puede mantenerla abierta mientras transforma sus prioridades, sus criterios y sus mecanismos de acceso.
No necesita perseguir a un investigador. Puede convertir su trabajo en una batalla interminable contra la burocracia, la falta de información y las dificultades para obtener respuestas.
Y quizá lo más preocupante es que todas estas decisiones pueden presentarse como procedimientos administrativos perfectamente normales si nadie se ocupa de examinarlas.
Por eso resulta tan importante la existencia de periodistas, investigadores, veedurías, organizaciones independientes y ciudadanos dispuestos a revisar los documentos que las instituciones producen. La cultura no puede depender exclusivamente de la versión oficial de quienes la administran.
En ese sentido, el trabajo de control ciudadano sobre IDARTES no debe interpretarse como una disputa entre personas o como una confrontación particular con un funcionario. Es una discusión sobre el derecho de la sociedad a saber cómo se utilizan los recursos destinados al arte. Lo mismo ocurre con las acciones judiciales que buscan proteger las piezas del Museo Nacional y con las voces de quienes exigen que los programas de financiación tengan continuidad y reglas claras.
El control ciudadano no destruye la cultura. La protege de quienes podrían utilizarla para sus propios intereses.
Y hay algo que las instituciones parecen olvidar con demasiada frecuencia. Los artistas no existen gracias a los funcionarios. Los festivales no pertenecen a sus operadores. Los museos no son propiedad de sus directores. Los archivos no son propiedad de quienes los custodian. Los recursos públicos no son propiedad de quienes los ejecutan.
Todo eso pertenece a la sociedad.
Colombia tiene miles de músicos, escritores, actores, investigadores, fotógrafos, bailarines, artistas plásticos, gestores y organizaciones que han construido sus propios espacios sin esperar que el Estado les conceda permiso para existir. Muchos llevan décadas trabajando en condiciones precarias, sosteniendo escenas independientes, documentando historias que nadie más quiere contar y construyendo memoria desde los márgenes.
Esas personas no necesitan que una administración les explique qué es la cultura. Necesitan que no les cierre las puertas, que no les retire sus oportunidades y que no convierta los recursos destinados al desarrollo artístico en un sistema de privilegios.
El Museo Nacional debe poder contar toda la historia de Colombia, incluso sus episodios más incómodos. El Ministerio de las Culturas debe garantizar mecanismos de financiación previsibles y transparentes. IDARTES debe demostrar que cada peso administrado responde a criterios públicos, verificables y equitativos. Los organismos de control deben investigar las denuncias sin presiones y con resultados. Y quienes ejercen vigilancia ciudadana deben poder hacerlo sin temor a represalias.
La cultura no necesita una contrarrevolución, una revolución permanente ni un nuevo propietario ideológico. Necesita libertad, memoria, financiación, independencia y transparencia.
El verdadero patrimonio de una nación no está solamente en sus edificios históricos, sus colecciones o sus grandes festivales. Está en la posibilidad de que sus ciudadanos puedan pensar diferente, escribir lo que quieran, investigar lo que consideren necesario, producir arte sin pedir permiso ideológico y cuestionar a quienes administran el dinero de todos.
Si una sociedad permite que sus museos sean intervenidos por conveniencia política, que sus mecanismos de financiación se interrumpan sin soluciones estructurales y que sus instituciones culturales se conviertan en espacios opacos frente al control ciudadano, el problema ya no es únicamente del sector artístico.
Es un problema democrático.
El oscurantismo no siempre llega vestido de dictadura. A veces llega con un acto administrativo, una resolución, un contrato, una instrucción interna o una pared recién pintada donde antes había una parte de nuestra historia.
Y cuando la sociedad comienza a acostumbrarse a esas paredes vacías, a las convocatorias que no abren y a las preguntas que nadie responde, el silencio deja de ser una consecuencia y empieza a convertirse en política pública.
Una nación que permite que otros decidan qué debe recordar, qué puede crear y quién tiene derecho a financiar su cultura está renunciando a una parte esencial de su libertad. Colombia todavía está a tiempo de impedirlo.
Fuentes documentales y periodísticas para acompañar la publicación
- El País — El Gobierno ordena el retiro de 30 piezas del Museo Nacional.
- El País — Juez ordena restituir las piezas retiradas del Museo Nacional, 29 de octubre de 2026.
- El Espectador — Inventario oficial de las 63 piezas desmontadas.
- La Silla Vacía — La JEP exige explicaciones por el retiro de piezas del Museo Nacional.
- Ministerio de las Culturas — Estado de las convocatorias SINAC 2026.
- El Espectador — Suspensión del Programa Nacional de Concertación Cultural.
- Procuraduría — Indagación por presuntos sobrecostos contractuales en IDARTES.
- Las2Orillas — Diez años de contratación de Teatro R101 y observaciones de la Contraloría.
- Ojo al Arte — Informe sobre presuntas irregularidades en los Festivales al Parque, octubre de 2026.
- IDARTES — Informe institucional de gestión y resultados 2024.